jueves, 19 de junio de 2014

Prostitución y drogas en el PIB.



La hipocresía en cuanto a droga y prostitución -existen, la gente  consume, pero nos tapamos los ojos- tiene un coste no sólo social, sino también económico. Social en cuanto a que las prostitutas no tienen cobertura asistencial, no están dadas de altas en la Seguridad Social, no reciben inspecciones de trabajo en los lugares donde ejercen  y su actividad se queda en el limbo para hacienda y para las autoridades con todo lo que ello significa, creándose, así,  recovecos legales y oscuros para ocultar situaciones bastante desagradables (no olvidemos que la prostitución es de por sí bastante dura, máxime cuando se hace en condiciones de seguridad  e higiene lamentables). Entre personas mayores de edad y sin daños a terceros, el Estado debe plantearse regular la situación, persiguiendo no obstante el maltrato, la inducción a prostituirse o el tráfico de personas. Además, el hecho de que puedan cotizar y tener derechos laborales -por ejemplo, cobrar paro y otras prestaciones- facilita aún más la inserción profesional en otros sectores si se diera el caso de que las prostitutas quisieran cambiar de trabajo. 

No entro en temas morales, porque si juzgamos la cuestión del sexo por dinero deberíamos fijarnos desde en la pornografía hasta en la prostitución de alto standing, que se presenta como algo fino. Os dejo un enlace del colectivo Hetaira, trabajadoras del sexo, para que veáis una opinión directa de muchas  mujeres que viven en este sector.


 En cuanto a las drogas, que dichas sustancias no sean legales, facilita su  adulteración -no hay control sanitario- provocando así más riesgos para la salud que si el Estado permitiera que se vendiera con un prospecto con los ingredientes, posibles efectos adversos, etc.  Normalizar o legalizar el cannabis, por ejemplo, no quiere decir que se le meta en la boca a nadie un kilo de marihuana a la fuerza, sino que el Estado controla, supervisa y combate mejor ese mundo si puede conocer cuáles son los circuitos de venta e impidiendo el enriquecimiento fácil e ilícito. Además, en  cuestiones de libertad individual –cada uno hace lo que quiere con su cuerpo- la administración no debería prohibirnos nada. Repito, siempre que no se perjudique a terceros  y, aún así, dudo de que los porros dañen más que el alcohol, por ejemplo. Quien quiera conocer lo que supuso la ilegalización del alcohol, que estudie el caso de EEUU en la época de la ley seca. Un tremendo fracaso.
Cuando se mezcla la moral con la necesidad de legislar, hay que ver profundamente cuál es la mejor opción para evitar males mayores. Al legalizar una actividad tan propagada, puedo controlarla mejor y, por extensión, combatir más eficazmente sus efectos negativos.

Vamos con el  impacto económico de dichas actividades, que está dando que hablar desde que la Unión Europea obliga a incorporar estas actividades dentro del PIB junto con otras como el gasto en investigación y desarrollo, elarmamento militar, etc., lo que supondrá, a la postre, unos 45.000 millones de euros extra. Pero, claro, no todas las actividades entrarán en el fisco, por lo que sube la “riqueza” pero poco veremos de recaudación.

Tal y como leemos en este artículo,18.000 millones de euros mueve al año la prostitución en España, según la estimación de los inspectores de Hacienda, que han planteado que si esa actividad fuera legalizada y tributara a un tipo del 30% podría reportar a las arcas públicas hasta 6.000 millones de euros. Igualmente, el tráfico de drogas como la marihuana o el cannabis podrían reportar miles de millones de euros en impuestos al Estado, calcula la Organización de Inspectores Fiscales”. 

El debate sigue abierto, pero no hay que olvidar que el Estado debe resolver problemas, no ocultarlos bajo un manto.

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