RECORTES

A pesar de que el gobierno ha lanzado un presupuesto con un recorte estimado de unos  27.300 millonesde euros,  los mercados no han dejado de castigar a España. En su afán insaciable por determinar la política económica de nuestro país y siempre con el objetivo último de  conseguir más y más, los compradores de deuda  ya hacen notar el presupuesto como algo viejo.

Observando un poco las cuentas aprobadas por el gobierno, quiero destacar entre los recortes esos 1.500 millones menos con los que nocontarán las Políticas Activas de Empleo.

Para hacernos una idea, las Políticas Activas de Empleo son aquellas medidas de orientación, intermediación y formación (también fomento del empleo), destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas, ya sea por cuenta propia o ajena. O sea, buscan ser un motor que  ayude a los parados a encontrar trabajo más allá de las meras prestaciones por desempleo. Dentro de estas Políticas Activas de Empleo y víctimas de los recortes, también se encontrarían las bonificaciones por contratación de las que pueden beneficiarse las empresas.

 Las Políticas de Empleo están prácticamente transferidas a las comunidades autónomas, por lo que el estado central fundamentalmente controla las prestaciones por desempleo (políticas pasivas), las bonificaciones a la Seguridad Social y todas aquellas medidas de ayudas a la formación o a la orientación, pero, repito, el peso de estas últimas las tienen las comunidades autónomas. ¿Se inicia así una espiral en la que las políticas de empleo se verán fuertemente reducidas? ¿De verdad se despilfarraban 1.500 millones de euros? ¿Realmente lucharemos contra el paro reduciendo las principales armas con las que contamos? Son las primeras preguntas que quiero lanzar al aire.

Los recortes no se van a quedar en los 27.300 millones estimados en el presupuesto -que también engloba una mayor recaudación vía impuestos junto con una polémica amnistía fiscal-,

sino que, además,  el gobierno anuncia un recorte adicional de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. ¿Esto no va a parar nunca? ¿Estas medidas  calmarán a los mercados?

Estamos siendo testigos de un desmantelamiento progresivo del estado como institución garante de servicios públicos, reduciendo su capacidad de maniobrar hasta límites insospechados. Si levantamos un poco la vista y vemos a Grecia y Portugal, nos damos cuenta de que estos países no sólo no han empezado a crecer tras los recortes, sino que se han hundido aún más. La cuestión de la deuda se ha convertido en un arma que busca un objetivo claro: abrir la piñata de los servicios públicos, un negocio inconmensurable cuya privatización hará aumentar la cuenta de resultados de muchas corporaciones. Y en esto me surge otra pregunta: ¿esto beneficia de alguna manera al ciudadano de a pie? Pues echemos un ojo a las empresas privatizadas tipo “Telefónica” o “Endesa” o “Iberia” para ver si la venta del patrimonio de todos los españoles situado en sectores estratégicos (sí, señores y señoras, un patrimonio que se creó con el dinero generado por todos los españoles) funciona mejor tras su venta.  Analicemos cuánto empleo han destruido, y cuánto beneficio ha dejado de recaudar el Estado.

La reflexión debe ser si queremos un Estado social que ofrezca servicios públicos de calidad o una institución raquítica que se centre sólo en las labores de “policía”. Como hemos comentado en algunas ocasiones en este blog, el estado del bienestar se concibió, fundamentalmente, como un pacto entre los agentes sociales en pos de la paz social.