Una de la promesa más repetida del actual gobierno de coalición fue la de derogar la reforma laboral aprobada por Rajoy.
Siempre que hay crisis, y las cifras de desempleo se disparan, muchas voces claman al cielo a favor de la “flexibilización” que, principalmente, busca facilitar que el mercado laboral se adapte a situaciones volátiles. En el caso de España, esto se ha traducido en una tendencia hacia el abaratamiento del despido y el mantenimiento de salarios bastante bajos en nombre de la competitividad.
¿Cuáles son los aspectos que se consideran más negativos en la reforma laboral?
En primer lugar, la prevalencia del convenio de la empresa frente al del sector. Se justificaba este cambio porque se facilitaba una negociación de los trabajadores en el ámbito de su propia empresa, atendiendo a criterios que, supuestamente, están más cercanos a ellos y que incluso podrían mejorar sus condiciones. No obstante, los sindicatos protestaron ya que es más probable que, ante la falta de fuerza en la negociación dentro de una misma empresa ( no nos olvidemos que la mayoría del tejido productivo en España está conformado por PYMES y poca presencia sindical), las condiciones empeorarán sustancialmente en relación al sector. Estoy de acuerdo con esto último, de hecho, es por lo que se aprobó. Se entiende que la flexibilización parte del principio de una máxima adaptación de la empresa a contextos, como decía, muy cambiantes, y si lo que se trata es de reducir costes anular el poder de la negociación colectiva siempre ha sido un objetivo. Esta falta de poder negociador, junto con altas tasas de paro, hace que el trabajador termine por aceptar cualquier situación laboral.
En segundo lugar, el fin de la ultraactividad de los convenios. Ligado a lo anterior, se vuelve a incidir en la necesidad de reducir la capacidad de negociación colectiva. Cuando un convenio finalizaba, o se denunciaba por alguna de las partes, si no se llegaba a acuerdo se prorrogaba el anterior. Con la reforma laboral de 2012 lo que se hace es que, si cuando toca no se aprueba un nuevo convenio, se aplica uno de rango superior, que, como sospechábamos, no tiene porque ser más beneficioso para los trabajadores. De nuevo reducimos la capacidad de presión de las organizaciones de trabajadores.
Por último, pero no menos importante, también se destaca la capacidad que tienen las empresas para la subcontratación y el posible perjuicio de esta práctica:
“ en muchas ocasiones se utiliza como un medio para pagar por debajo de los que marcan los convenios sectoriales, debilitando mucho la calidad del trabajo y las condiciones laborales en la que se lleva a cabo. Al final resulta un medio para ahorrar costes laborales, más que para dar flexibilidad a las compañías.”
Lo que está claro es que nuestro modelo productivo, basado principalmente en turismo y actividades temporales de bajo valor añadido ( aunque no solo), es el que puede favorecer unas condiciones laborales y no otras. Evidentemente debilitar la negociación colectiva es malo, pero no olvidemos que necesitamos sectores que creen empleo estables. Además, ahora con la pandemia estamos viendo que las empresas necesitan ahorrar costes cuanto antes para no descapitalizarse y terminar quebrando. En este aspecto, la ampliación de los ertes o un apoyo institucional fuerte es básico.
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