Ya estaba tardando este gobierno en meter mano a las pensiones. Después de subir impuestos y recortar donde ha podido -o ha querido-,los 100.000 millones de euros al año que cuesta el actual sistema de prestaciones por jubilación supone una cuantía lo suficientemente gruesa como para dejarla intacta.
La reforma ahorrará -según las fuentes gubernamentales- unos30.000 millones de euros entre 2014 y 2022. El ahorro se debe,
fundamentalmente, al cambio sustancial a la hora de revalorizar las pensiones:
se elimina la subida automática en función del IPC. Esto supone, como es de
entender, que los pensionistas perderán poder adquisitivo cada vez que una
subida generalizada de precios no se traduzca en un aumento de lo que cobran.
En un futuro también se quieren tener en cuenta la coyuntura
económica y el incremento de la
esperanza de vida para modificar las prestaciones. Esta última cuestión se ha
esbozado constantemente como argumento para justificar el aumento de la edad de
jubilación de 65 a 67 años.
Lo que cobra un pensionista se basa en sus años
cotizados -a no ser que sea una pensión no contributiva-, que se traducen en
una prestación cuyo sostenimiento, a nivel global, depende de que la gente que
está trabajando -y, por tanto, cotizando- aporte dinero a la caja de la
Seguridad Social. Se trata de un sistema piramidal que se ha sustentado todos
estos años anteriores en el axioma de que la población activa era inmensamente
mayor que la población jubilada. La reducción de la tasa de natalidad y el citado
aumento de la esperanza de vida plantean un serio problema de sostenibilidad.
Pero, claro, otros analistas establecen que, al igual que aumenta la esperanza de vida,
también lo ha hecho la productividad por
trabajador, una variable muy importante, puesto que demuestra que una
persona es capaz de crear más riqueza ahora que hace unos años. Como dice el
economista Santiago Niño Becerra, cada vez hace falta menos gente para crear
una unidad de Producto Interior Bruto. Además, tampoco se tiene en cuenta que
en épocas de crecimiento económico la población ha aumentado debido a la
llegada de mano de obra inmigrante o, lo que es lo mismo, nuevos cotizantes.
Me pregunto si reducir continuamente lo que cobra un
jubilado es una política acertada para salvaguardar el sistema público de
pensiones. ¿No sería necesario financiar
éste con otras partidas presupuestarias que no sean sólo las cotizaciones?
Lo más seguro es que vayamos a un sistema dual en el que se sumen la cotización
y la capitalización -ahorro del trabajador- para converger ambos en una pensión
futura. La capitalización podría controlarse por medios públicos o puede
circunscribirse a un plan de pensiones privado. ¿Quién ganará un sueldo lo
suficientemente amplio como para que su plan de pensiones privado le sirva para
algo? Y continúo con las dudas, ¿no estará el lobby de la banca interesado en deteriorar
el sistema de pensiones público para que la gente vaya corriendo a abrirse un
plan privado? Llamadme conspiranoico si queréis, pero los fondos de pensiones
son un negocio especulativo muy goloso para una banca que absorbe tantosrecursos.
Si a todo lo expuesto sumamos que la pensión se calcula con
lo que se ha trabajado los 25 años previos a la jubilación -antes eran los
últimos 15 y se quiere ampliar a toda la vida laboral, con lo que contarían
igual los primeros trabajos que los últimos sueldos-, el incremento de los años que hay que cotizar
para jubilarse, el desempleo, la precariedad laboral, las bajadas de sueldo,
etc., lo difícil va a ser cobrar algo. A este ritmo, no va a ver forma humana
de jubilarse.
No hay comentarios:
Publicar un comentario